No a la impunidad en Utopía

Por: Ronald Gamarra Herrera
Secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Aún no cesa la lucha de los familiares de las 29 víctimas que perdieron la vida en la discoteca Utopía el 20 de julio del 2002. Y no puede cesar, simple y llanamente, porque todavía, a pesar de inacabables esfuerzos, no logran obtener justicia, no obstante haber transcurrido ya casi siete años desde aquella terrible tragedia ocasionada por el desprecio inexcusable a la vida y la seguridad del prójimo. Desprecio inadmisible e indignante que lamentablemente se encuentra tan extendido en nuestro medio, con una impunidad que indigna.

El Caso Utopía es emblemático de un fenómeno anómalo de creciente disolución del sentido de la responsabilidad, que no se detiene ante el delito y que incluso se asume como parte del objetivo por conseguir. Qué me importa, entonces, aglomerar como sardinas a los pasajeros y sobreexigir a un chofer que no ha dormido lo suficiente: lo único que importa es ganar todo lo posible en el menor tiempo, con la menor inversión y esfuerzo; si en esa circunstancia algún bus se me cae al precipicio, qué pena, pues, y aquí no pasa nada. Esto es, en buena cuenta, lo que sucedió en Utopía. Y nadie se hace responsable de este escándalo, nadie exige responsabilidades, nadie recibe la sanción que debiera.

Esta actitud, desgraciadamente, ha echado profundas raíces en nuestra vida social produciendo innumerables víctimas. Son miles las personas muertas, heridas, lesionadas de por vida; son tantas víctimas como las que habría en un conflicto armado. Solo en la tragedia de Mesa Redonda, en pleno Centro de Lima, perdieron la vida más de 200 personas como resultado de una suma de irresponsabilidades, en la que hasta el momento quienes la ocasionaron tampoco reciben la sanción que merecen. Y también aquí han transcurrido más de siete años.

Este 3 de junio, el Poder Judicial deberá decidir sobre el recurso presentado por los familiares de las víctimas de Utopía para sancionar como es debido al único responsable que ha sido hallado culpable, Percy North, que era el gerente de la discoteca, contra quien se pronunció una sanción menor por negligencia. Claro, una “negligencia” que costó la vida de 29 jóvenes que tenían una vida por delante y mucho que ofrecer a sus familias y la sociedad.

Pero hay además otro culpable de la tragedia: Alan Azizollahoff, sobre quien recae mayor responsabilidad en su condición de dueño de aquella discoteca administrada con indiferencia criminal por la seguridad de sus clientes. Contra él se había avanzado un proceso penal que volvió a fojas cero con la intervención del abogado contratado por Azizollahoff: nada menos que Alberto Químper, el mismo que se jactó de haber hecho un “faenón” en el escándalo de los ‘petroaudios’.

Tanta impunidad es intolerable. El Poder Judicial tiene ahora la palabra.